La solicitud de ayuda de emergencia para el alquiler es difícil y engañadora, dicen los organizadores

Mayela Bernal ya tenía dificultades para pagar el alquiler cuando se contagió de COVID-19 en Mayo, lo cuál la dejó hospitalizada por una semana.

Bernal es una estilista de cabello que emigró desde México. Con la pérdida de sus ingresos, su hijo menor tuvo que pedir un préstamo para pagar el alquiler de su apartamento en Santa Fe.

Una amiga que estaba trabajando para el Colectivo Chainbreaker, una organización de justicia medioambiental y económica en la ciudad, le dijo que podría conseguir ayuda pagando el alquiler a través  del  Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (Emergency Rental Assistance Program). Chainbreaker además la ayudó a pagar comestibles.

La solicitud de asistencia  para el alquiler fue creada por el estado con el propósito de distribuir millones en ayudas federales de emergencia para los inquilinos en riesgo de desalojo. La ley que creó el programa de ayuda se aprobó en diciembre de 2020.

Bernal tuvo dificultades recolectando todos los documentos necesarios para completar la solicitud, incluído el contrato de alquiler del arrendador. Dijo que tardó una semana en terminarla.

“Es muy confuso para algunas personas que no son capaces de empezar la solicitud y terminarla en un día, o incluso durante varias semanas”, dijo Bernal a través de un intérprete. Ella sabe esto porque también ha estado recorriendo complejos de apartamentos a lo largo de Santa Fe con otros miembros de Chainbreaker.

Ella no está sola. Entrevistas con otros recopiladores de información muestran que la solicitud de ayuda de emergencia para el alquiler de Nuevo México es muy compleja, requiere demasiados documentos, asusta a personas indocumentadas a la hora de participar y está mal traducida al español.

Yetzali Reyna, otra encuestadora de Chainbreaker, dijo que el proceso de solicitud no está diseñado para personas con bajos ingresos u otros necesitados, ya que es muy difícil adquirir una copia en papel del estado. En vez, han estado imprimiendo copias en papel para inquilinos, ayudándolos a llenarlas y luego subiendo fotos de las solicitudes completas a RentHelpNM.org.

Lograr que el dinero de ayuda llegue a los bolsillos de los inquilinos se ha vuelto aún más urgente después de que el 26 de agosto la Corte Suprema de EE.UU. impidiera que la administración de Biden hiciera cumplir la última suspensión federal sobre desalojos, impuesta como respuesta a la pandemia del COVID-19.

Mientras que la suspensión federal ha desaparecido, en Nuevo México sigue aún vigente una suspensión a nivel estatal impuesta por el Tribunal Supremo del Estado.

La ciudad de Santa Fe tiene una suspensión local aún más fuerte que está ligada a nivel estatal. Prohíbe a los propietarios incluso de amenazar con desalojo a los inquilinos por falta de pago del alquiler. Pero para hacerla cumplir, el inquilino debe ponerse en contacto con la policía local, quien tiene que hacer un reporte y luego entregarlo al fiscal de la ciudad, que a su vez debe presentar un reclamo contra el propietario.

En todo el tiempo que lleva vigente la suspensión local , sólo dos inquilinos con quienes Chainbreaker ha trabajado han optado por tomar esa ruta, dijo Cathy García. La policía no tiene ningún conocimiento de la ley de inquilinos, dijo.

Ninguna de estas prohibiciones de desalojo impiden a los propietarios echar a la gente por otros motivos, agregó. La suspensión nunca impidió que propietarios simplemente entregaran a  inquilinos un aviso de 30 días para salir, diciendo que nada tiene que ver con el pago del alquiler, dijo.

García presentó la póliza de  recomendaciones de Chainbreaker al comité de calidad de vida de la ciudad de Santa Fe el 1 de septiembre. Recomendó al gobierno de la ciudad que codificara las protecciones en la suspensión para hacerlas permanentes.

La hora de la verdad para la distribución de la ayuda de alquiler

“Tenemos que mirar y examinar la orden de emergencia actual de la ciudad y cómo podemos expandirla bajo lo que sea que se nos permita hacer”, dijo García. “¿Podemos fortalecer la suspensión, digamos, expandiéndola en  ciertos códigos postales (zip codes) y diciendo que en estos códigos postales, la suspensión durará aún más, porque son aún más vulnerables? ¿Podemos reforzarla ampliando quién califica para suspensión de desalojo  y quién está protegido por ésta?”

La hora de la verdad para el reparto de la ayuda al alquiler

El tiempo se está agotando para que el Estado distribuya el dinero de la ayuda federal de emergencia para el alquiler: El Departamento de Tesorería de EE.UU. dijo que retiraría  los fondos a partir del 30 de septiembre si los gobiernos estatales no destinan al menos el 65% del dinero.

Los funcionarios de Nuevo México dicen que cumplirán el plazo, pero los recopiladores de información  se muestran escépticos, dado cuán difícil  es para los inquilinos acceder a los fondos.

A partir del 1 de septiembre, el Departamento de Finanzas y Administración de Nuevo México había comprometido alrededor del 46% del dinero, según dijo  la secretaria Debbie Romero a un grupo de legisladores. Esa cifra incluye dinero distribuído bajo el programa para el alquiler, los servicios públicos, la divulgación y otros programas de emergencia, dijo.

“Entre los pagos de boletas de servicios públicos y algunas de las otras estrategias que estamos usando, creo que vamos a cumplir el objetivo del 65% muy fácilmente”, dijo Romero.

Todavía hay alrededor de 22.000 hogares en Nuevo México que están atrasados en el pago del alquiler, un total estimado de más de 47 millones de dólares en deuda de alquiler, según el Atlas Nacional de Equidad

Confusión de formulario

El programa está abierto a todos los residentes de Nuevo México, independientemente de su estatus de ciudadanía. Sin embargo,  personas indocumentadas ven el tema del formulario en línea como un lugar en el que se pide el Número de Seguro Social, y eso les hace pensar que no son elegibles, añade Reyna. A menudo se rinden.

“Algunos inquilinos se desesperan y no terminan la solicitud”, dijo Bernal, “a pesar de que los inmigrantes indocumentados aportan a la ciudad y al estado. Queremos apoyar a los líderes estatales, pero queremos también ser apoyados por ellos. Deberían hacer más por la gente de bajos ingresos, por gente de todas las razas, por todos los necesitados”.

La solicitud no aclara que no es requerido un número de Seguro Social para recibir la ayuda de emergencia para el alquiler. Además, si alguien lo llena en línea, el sistema requiere que esos campos se completen de todos modos.

En respuesta a las preguntas de Source NM acerca del problema, un funcionario del Departamento de Finanzas y Administración del Estado, dijo que lo constataría. Donnie Quintana es el encargado del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia para Nuevo México.

“Estoy bastante seguro de que hemos trabajado en eso muchas veces”, dijo, “puede ser un descuido en alguna parte”.

La solicitud también pide información acerca del propietario, como su número de teléfono y dirección de correo electrónico. Esto no es necesario para que el Estado libere  los fondos al inquilino, pero la solicitud no lo dice.

“Así que hay muchos propietarios que se niegan a participar en este proceso, que se niegan a dar asuntos como su correo electrónico y su número de teléfono al inquilino”, dijo García. Cuando los inquilinos se topan con ese tema del formulario, muchas personas que pueden tener malas relaciones con sus arrendadores desisten, a pesar de que aún son elegibles, dijo.

Barreras lingüísticas

La versión en inglés del mismo formulario es poco clara, dijo García. Por ejemplo, la solicitud requiere que la dirección física de la persona sea la misma que su dirección postal, y eso puede ser confuso dependiendo de tu situación de vivienda, dijo. También pregunta cuánto se ha retrasado el inquilino en la renta, pero no se especifica si esa respuesta debería medirse en meses o en dólares.

Hay una versión en español de la solicitud. Pero varios recolectores de información que hablan español dijeron que la traducción en  sí misma es confusa y parece sacada del traductor de Google.

“¿En qué estado estamos viviendo?” dijo García.

Algunas de las traducciones hacen que las preguntas sean aún más largas y complejas, dijo Reyna.

Es obvio para Isabel Jurado Herrera que el formulario fue creado a través del traductor de Google , porque es “un poco demasiado literal”.

Jurado Herrera señaló que muchos hispano-hablantes vinieron aquí a una edad temprana y no tuvieron la oportunidad de completar la secundaria. El formulario debe ser traducido a un nivel que más personas puedan entender, dijo.

Desconfianza o recelo  a la burocracia en el hostil entorno político de Estados Unidos también es un factor. 

A pesar de las prohibiciones de desalojo, propietarios en Nuevo México han presentado más de 11.000 avisos de desalojo desde el inicio de la pandemia, según una investigación de Searchlight New Mexico.

Bernal dijo que los desalojos ocurriendo en Santa Fe – que tiene los alquileres más altos del 90 por ciento del estado- y que el  estado la hacen sentir confundida, molesta e impotente.

“Hemos estado viendo muchos casos en que hay personas que han sido desalojadas de sus hogares, y que tienen niños pequeños con ellos”, dijo Bernal. “Nos sentimos impotentes porque de verdad,  no podemos hacer nada para ayudarles. Es triste que la gente sea desalojada y nosotros queremos cambiar eso”.

Falta de información clave

García dijo que uno de los problemas de los datos sobre desalojados es que el público no sabe cuántos avisos de desalojo se han dado a los inquilinos.

Hay varios tipos de avisos de desalojo, y el único protegido por la suspensión de Nuevo México es la falta de pago del alquiler. En esta primera etapa del proceso, el registro del desalojo sólo existe entre el propietario y el inquilino, dijo.

Cuando la mayoría de la gente recibe la notificación de desalojo, piensa que debe mudarse inmediatamente, porque no saben que hay más pasos en el proceso de desalojo. En esas situaciones, dijo, el público nunca se entera de que se produjo un desalojo

Quintana, quien dirige el programa de ayuda para el estado, le dijo a los legisladores que su oficina está trabajando con la Oficina Administrativa de la Corte para desarrollar un “programa de desviación de corte” para conseguir que los propietarios y los inquilinos  medien antes de un desalojo, que incluiría una oportunidad para solicitar asistencia de alquiler.

Dijo que la oficina envía al departamento una lista cada semana “de todos los desalojos a lo largo del estado de esos arrendatarios que son inquilinos que han recibido una notificación de desalojo”.

Más tarde, en una entrevista el 7 de septiembre, Quintana dijo que la lista no es de avisos de desalojo a inquilinos, sino de órdenes de desalojo presentadas en corte, que sólo se presentan si un inquilino se niega a pagar.

Una notificación de desalojo es un registro privado entre el propietario y el inquilino, y una orden de desalojo es un registro público presentado en una corte.

Quintana dijo que el departamento cruza las listas de referencias que se reciben de las cortes con su base de datos de ayuda de emergencia. Aquellos que ya han solicitado ayuda obtienen sus solicitudes aceleradas, dijo, y aquellos que aún no lo han hecho son contactados y alentados a solicitar.

“No conocemos a todo el mundo”, dijo. “No tenemos bases de datos que nos digan quién arrienda y quién no. Eso sería genial. No tenemos una base de datos de propietarios, ¿me entiendes? Por lo que  estamos intentando por todos los medios posibles educar a la gente acerca del programa, y lo más importante, lograr que lo solicite.”

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Traducido por Daniela Pino del Pino