Una oportunidad para que NM ilumine el camino para salir del sufrimiento y el abuso

En 2019, una joven enfermera llegó a Estados Unidos desde El Salvador. Su nombre era Joana Medina León pero se le conocía como Joa.Vino buscando asilo en la frontera de Estados Unidos. Joa era trans y, como su género asignado al nacer era masculino, fue detenida por el ICE en una unidad exclusivamente masculina del Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Chaparral, New México.

En ese momento, el bufete de abogados con el que yo trabajaba tenía un gran porcentaje de clientes que eran mujeres trans detenidas por el ICE en Estados Unidos. Pero nunca conocí a Joa. Sé que había pasado por un albergue que unos colegas míos dirigían en Juárez y me había enterado, quizá demasiado tarde, de que estaba detenida en Chaparral.

El contacto más cercano que tuve con ella es un pedazo de papel que alguien me pasó más tarde ese verano, una solicitud de ayuda escrita a mano por un miembro del personal mientras ella estaba bajo custodia, con fecha 16 de abril de 2019. La súplica de Joa está escrita a lápiz, cuidadosamente en español. Estaba preocupada por su salud y su seguridad. 

Cuarenta y cinco días después moriría en un hospital de El Paso.

Según informes, Joa estaba muy enferma bajo custodia. 

Pidió que la dejaran en libertad. Solicitó atención médica específica que sabía que necesitaba porque era enfermera.

Su mal estado de salud fue informado al centro por otras personas de su módulo, el 10 de mayo. No fue hasta el 28 de mayo que fue trasladada al hospital. Allí, es su lecho de muerte, ICE accedió finalmente a ponerla en libertad condicional. 

Cuando Joa murió tres días después, no se contabilizó como muerte en el centro.

He trabajado dentro de las instalaciones de detención del ICE en New México desde 2014 y este tipo de negligencia médica no es un secreto, es la norma. 

Grupos comunitarios y organizaciones de servicios legales están documentando meticulosamente el abuso en Otero desde que abrió como centro de detención de inmigración en 2007. Asimismo, se hace seguimiento de las condiciones en el Centro Correccional del Condado de Cibola en Milán y en el Centro de Detención del Condado de Torrance en Estancia.

En 2022, en el centro de detención del condado de Torrance, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta de gestión, la primera de este tipo, diciendo que las condiciones eran tan malas dentro del centro de detención que era necesario evacuar a la gente inmediatamente.

Ese informe incluía imágenes de baños sucios, moho y gente bebiendo de los grifos de las duchas. Sin embargo, el centro de Torrance sigue abierto. De hecho, la población inmigrante de Torrance ha pasado recientemente de una docena de personas a más de 400. 

La indiferencia hacia la vida humana es asombrosa.

Tal vez lo más perturbador acerca de los abusos y la negligencia en los centros de detención de inmigrantes de New México es que se producen a manos de contratistas de prisiones privadas. La Empresa de Gestión y Formación  (Management and Training Company), con sede en Centerville, Utah, gestiona el centro del condado de Otero; y Core Civic, una empresa con sede en Nashville, gestiona los centros de los condados de Torrance y Cibola. 

Estas corporaciones siguen un manual para obtener beneficios. Consiguen el contrato del gobierno prometiendo servicios asequibles y luego, como las empresas necesitan obtener beneficios, recortan costos como pueden en el reparto. Estas instalaciones carecen de personal y recursos.

De hecho, gran parte del trabajo lo realizan detenidos a los que las empresas pagan salarios de esclavos por su trabajo. 

¿El resultado? Tres instalaciones peligrosas para la vida humana en New México.

El beneficio que obtienen los directores generales y los accionistas de estas empresas es escandaloso. Ostensiblemente, se supone que estos acuerdos crean un desarrollo económico positivo para los habitantes de New México, pero no hay muchas pruebas de que esto esté ocurriendo. Lo que sabemos es que Core Civic registró unos ingresos de $1.890 millones de dólares este año.

Sí, los centros de detención crean puestos de trabajo para los habitantes de las comunidades rurales. Pero no son necesariamente buenos trabajos. Pueden ser peligrosos y crueles. Y la gente no parece quererlos. Estos centros carecen crónicamente de personal. Le debemos a la gente que vive en los condados rurales crear significativos puestos de trabajo que construyan economías prósperas los cuáles no se basen en la presencia de una corporación de fuera del estado y en el encarcelamiento de personas inocentes.

Nuestra legislatura tiene una oportunidad este año de luchar contra estas corporaciones que vienen a nuestro estado para sacar provecho del abuso y la negligencia de seres humanos. 

El proyecto de ley 172 del Senado, conocido como la Ley de Dignidad, no de Detención (Dignity Not Detention Act), impedirá que condados celebren Acuerdos de Servicios Intergubernamentales con el ICE y las corporaciones de prisiones privadas. Si se aprueba, se eliminaría gradualmente la detención de inmigrantes en los condados de Cíbola, Otero y Torrance, poniendo fin de manera efectiva a lo largo del estado.

Después de trabajar nueve años como abogado en los centros de detención de New México, no tengo ninguna fe en que las empresas privadas, Core Civic y La Empresa de Gestión y Formación (Management and Training Company), puedan  con seguridad cuidar la salud de cualquier persona detenida en sus instalaciones de New México.

He visto demasiados abusos, tristeza y muerte.

Poniendo fin a la detención en New México no va a resolver los problemas de nuestra nación en la frontera estadounidense. Tampoco resolverá el estancamiento político que impide que el Congreso aborde de manera significativa el sistema de inmigración de nuestro país. Como habitantes de New México, es muy poco lo que podemos hacer a nivel estatal para influir en esas cosas.

Pero sí podemos opinar sobre cómo se trata a la gente en nuestro estado.